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DOCTRINA

En la presente sección encontrarás investigaciones relativas a las diversas ramas del Derecho.

JURISPRUDENCIAS

Sección dedicada a analizar las sentencias más importantes emanadas tanto del Tribunal Supremo de Justicia venezolano como de otros tribunales del mundo.

DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sección especial de temas jurídicos relacionados a las nuevas tecnologías.

INFORME LEGAL

Acá comentaremos sobre las noticias jurídicas más relevantes del ámbito nacional e internacional.

DERECHO COMPARADO

En esta sección encontrarás artículos de actualidad relacionados al Derecho Comparado.

martes, 6 de junio de 2017

Jurisprudencias en Derecho Disciplinario de los Jueces


A) Tribunal Disciplinario Judicial
1. Sentencia N° TDJ-SD-2012-138, de fecha 24/05/2012 con ponencia del Juez Hernán Pacheco Alviárez.
Asunto: Prescripción de la acción disciplinaria.
“(…) una vez iniciado el procedimiento disciplinario, es decir, ejercida la acción disciplinaria por parte del órgano investigador, el Estado cumplió con la carga que el legislador le estableció para que no prescribiera su acción para poder –mediante un proceso determinado- establecer la presunta responsabilidad del juez investigado (…) Solo en los casos, en donde (…) se verifique la inactividad por un período prolongado de las partes intervinientes, cabría la posibilidad (…) de la perención del procedimiento en virtud de la pérdida del interés del Estado Sancionador.

2. Sentencia N° TDJ-SD-2012-138, de fecha 24/05/2012 con ponencia del Juez Hernán Pacheco Alviárez.
Asunto: Abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Diferencias.
“(…) el abuso de autoridad reviste no solo una actividad del juez que sea incompetente para realizarla, sino que sea abusiva, que la conducta afecte y genere un daño a las partes del proceso, y en sí a la administración de justicia; a diferencia de ello, la extralimitación de funciones versa sobre la actividad del juez el cual no se encuentre facultado para realizarlo, no generando un daño a las partes del proceso, sin embargo afectando el orden competencial en que se basa el Estado- en este caso el Poder Judicial- para actuar y afectar la esfera de un particular”.

3. Sentencia N° TSJD-2012-111, de fecha 08/05/2012 con ponencia de la Jueza Jacqueline Sosa Mariño.
Asunto: Prescripción (retroactividad de la ley favorable al investigado).
“De lo anterior, debe señalarse, que si bien la ley actualmente vigente establece que el lapso para la prescripción es de cinco (5) años y que la misma es interrumpida con el inicio de las investigaciones, es preciso acotar, que en la presente causa los hechos ocurrieron durante la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura del 8 de septiembre de 1998, debiendo aplicar la disposición de esta norma referente a la prescripción y no retroactivamente la nueva normativa (artículo 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana), ya que en este caso la ley más favorable es la que se encuentra derogada”.

4. Sentencia N° TDJ-SD-2013-063, de fecha 10/04/2013 con ponencia del Juez Carlos Medina Rojas.
Asunto: Causal disciplinaria “descuido injustificado”.
“…en relación al alcance del ilícito disciplinario entendido como descuido injustificado (…) éste se concreta cuando se materializa un abandono total de la obligación establecida en la norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador de justicia, o su cumplimiento defectuoso; es decir, cuando el juzgador incurre en una omisión o negligencia en el cumplimiento de una obligación que le es propia en el trámite del proceso, sin que medie justa causa que excuse tal omisión y ante la ausencia de actividad intelectiva y volitiva del juzgador, tomando en cuenta el resultado jurídicamente reprochable que su concreción produjo…”

B) Corte Disciplinaria Judicial
1. Sentencia N° 25 Exp. AP61-D-2011-00045, de fecha 07/11/2012 con ponencia de la Jueza Ana Cecilia Zulueta.
Asunto: Competencia de la oficina de sustanciación.
“…en el marco del proceso de desconcentración realizado por esta Jurisdicción, circunscribieron la actividad investigativa a la Oficina de Sustanciación, la cual deberá constatar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la ley para la presentación de la denuncia e instruir la investigación preliminar destinada a recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados, actividad que concluirá con la elaboración de un informe indicativo del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia y el detalle de las diligencias efectuadas durante la investigación, actividad meramente instrumental, que no supone la emisión de juicio de valor alguno por parte de la Oficina de Sustanciación con relación a la admisión o no de la denuncia, ni respecto de la responsabilidad disciplinaria del Juez denunciado (…).
(…)
En idéntico sentido, debe igualmente acotar esta Alzada que el proceso de desconcentración señalado tiene como consecuencia jurídica lógica la exclusión del órgano jurisdiccional de decisión sobre la actividad investigativa, en consecuencia, no puede atribuirse el Tribunal Disciplinario Judicial facultad de control sobre el referido proceso (…).
Por el contrario, en virtud del principio de auto vinculación positiva aplicable a toda la organización del Estado, el Tribunal Disciplinario Judicial tiene la obligación de actuar con estricto apego a la normativa de funcionamiento dictada por esta Corte, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Código de Ética. Así se decide…”.

2. Sentencia N° 01 Exp. AP61-R-2012-000001, de fecha 01/03/2012, con ponencia del Juez Adelso Guerrero.
Asunto: Procedimiento en segunda instancia de los recursos contra sentencias interlocutorias e interlocutorias con fuerza definitiva.
“(…) debe esta Corte Disciplinaria remitir por analogía el procedimiento en segunda instancia para las apelaciones que contra sentencias interlocutorias y sentencias interlocutorias con fuerza definitivas haya dictado el Tribunal Disciplinario Judicial, a los preceptos vertidos sobre el artículo 29 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual armoniza perfectamente con los principios, derechos y garantías que contiene el aludido texto legal.”.

3. Sentencia N° 01 Exp. AP61-R-2012-000001, de fecha 01/03/2012, con ponencia del Juez Adelso Guerrero.
Asunto: De los supuestos de procedencia de las medidas cautelares en el ámbito Disciplinario Judicial.
“(…) existen tres razones que pudieran dar lugar al decreto de la medida, a saber:
a)    Que en el ejercicio de sus funciones, el juez o jueza obstaculice o interfiera en las investigaciones del procedimiento disciplinario que se le incoa.
b)    Que en el ejercicio de sus funciones, el juez o jueza pueda continuar o reiterar las acciones objetivas o subjetivas por las cuales se le investiga.
c)    Que en el ejercicio de sus funciones o fuera de ella, el juez o jueza atente contra las buenas costumbres  u orden público, majestuosidad de su investidura o atente contra el prestigio del Poder Judicial.”.

4. Sentencia N° 06 Exp. AP61-R-2012-000006, de fecha 05/06/2012, con ponencia del Juez Tulio Jiménez.
Asunto: Abuso de autoridad
“…el ilícito disciplinario de abuso de autoridad, previsto en el derogado artículo 40, numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial y actualmente consagrado en el numeral 14 del artículo 33 del vigente Código de ética, se concreta cuando el sentenciador realiza funciones que no le han sido conferidas en la ley, lo que deviene en una utilización desmedida de sus atribuciones que traspasa los límites del buen ejercicio y uso correcto de sus facultades. En este sentido, debe entenderse que se trata de un ejercicio desproporcionado e injustificado de las competencias que le corresponden a todo juez”.

5. Sentencia N° 22. Exp. AP61-R-2012-000020 de fecha 10/10/2012, con ponencia del Juez Tulio Jiménez
Asunto: Medidas Cautelares
“…al encontrarse ante una solicitud de levantamiento de medidas, no basta con señalar la norma legal en que se fundamente el dictamen, sino que debe justificarse tal procedencia en contraposición con los argumento fácticos que subsistan en el tiempo y tengan vigencia en el proceso, debe revisar si los supuestos de hecho invocados y las pruebas aportadas son suficientes para enervar la medida que se encuentra en vigencia, así como evaluar aquellas situaciones que en determinado momento lleven a considerar necesario acordar, modificar, suspender, negar o revocar la protección cautelar, lo cual con un pronunciamiento sustentado otorgue la garantía de una sana administración de justicia”. 
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lunes, 15 de mayo de 2017

La delincuencia de cuello blanco en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal


En sentencia N°468 de fecha 21/07/2005, expediente 03-121, la Sala de Casación penal describe las características de los que se ha denominado delicuente de “cuello blanco” o “guanta blanco”, siendo estos que se aprovechan por su posición privilegiada tanto económica como socialmente para cometer delitos, en especial delitos económicos. A continuación procedemos a citar la sentencia señala ut supra:

"A partir de que el sociólogo estadounidense SUTHERLAND acuñó la expresión "white-collar-criminality" para describir la característica delincuencia realizada por los sectores económicos más poderosos al amparo de su poder y de las relaciones que ello les supone, el tema ha ido ocupando un espacio cada vez mayor en la Criminología en el mundo. Y por todo ello, con relación a una eventual atenuación por una “buena conducta predelictual”, la Sala Penal también considera, igualmente, que las condiciones de vida de quienes perpetran los delitos denominados de “guante blanco” han sido cómodas al extremo de que han puesto en harto razonable duda el que la finalidad principal de la pena sea la resocialización o reeducación de los agentes delictuales.  
La noción del Derecho penal económico corresponde al concepto de los delitos contra la Economía. El delito económico no sólo se dirige contra intereses individuales sino también contra intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la vida económica, es decir, se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economía. El principal bien protegido no es, por tanto, el interés individual de los ahorristas sino el orden económico estatal en su conjunto y la Economía. 
Esta delincuencia se ve favorecida por la modalidad internacional de cometerla en varios países a la vez. Esto lo favorece la elevada posibilidad económica del delincuente de cuello blanco, quien sólo concede valor a los bienes materiales y sufre una avidez en la búsqueda incontrolable del provecho material, así como un egocentrismo que no le permiten desarrollar su afectividad y su apertura a la vida racional. 
El penalista alemán TIEDEMANN, considerado la máxima autoridad mundial en el ámbito de la ciencia del Derecho penal económico, ha expresado: 
                      “ (...) Con razón estos aspectos adicionales han desviado el punto de atención de los criminólogos a una serie de fenómenos sobre cuya ausencia de un estudio tipológico una vez más recientemente ha lamentado en los Estados Unidos Edelhertz:desde sobornos y pagos de cohechos por limitaciones artificiales a la libre competencia y abusos de poder económico así como delitos monetarios y tributarios (cuyas formas de comisión y causas en el tráfico mercantil internacional han sido aclaradas por Dannecker en una amplia y cuidada investigación) hasta los delitos en contra del medio ambiente así como infracciones en contra de la seguridad en el trabajo y de los productos. Una siempre en aumento atención de los criminólogos se encuentra también en formas patológicas límites del tráfico de capitales internacional como el 'lavado' (laundering) de dinero negro o la actividad de Bancos y otras empresas en los paraísos fiscales (off-shore banking). (...) También merece destacarse que los negocios bancarios y su campo circundante masivamente están considerados en el campo de mira de la criminología suiza. En la República Federal Alemana se ha preocupado por sobre todo Otto de los delitos bancarios. En Francia Cosson se refiere a la participación en los delitos económicos desde los Bancos hasta el organized crime (crime organisé)...”.            
En suma: el Derecho penal persigue en el mundo cada vez más este tipo de criminalidad, que causa gravísimos daños y no sólo de tipo material sino moral: el delincuente de "cuello blanco" ataca la sociedad desde adentro y mientras tanto su prestigio social aumenta. No la ataca desde afuera, como los criminales comunes. Y como lo demuestra el criterio ontológico, el bien jurídico vulnerado, esto es, la Economía nacional, es un bien jurídico de mucho mayor grado que la propiedad, considerada en general".

Ver sentencia completa en:



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viernes, 7 de abril de 2017

LA LEY PROCESAL


Sumario: 1. Noción de la ley procesal. 2. Características de la ley procesal. 3. Noción de orden público. 4. Clasificación de las leyes procesales: A. Desde el punto de vista de su aplicación o forma en que son empleadas. B. Por la materia que regulan. 5. Análisis estructural  del Código de Procedimiento Civil. 6. Bibliografía.


1. Noción de la ley procesal.

        En general debemos entender por Ley, tanto el conjunto de reglas sistemáticamente ordenadas que tiene por objeto regular una determinada materia, como también toda norma jurídica sancionada y emanada de la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, luego promulgada por el Ejecutivo Nacional en las formas previstas en nuestra Ley Fundamental.

        Al tratar acá el tema de la ley procesal lo haremos de manera general y no solamente en el sentido de un código procesal o conjunto de disposiciones de procedimiento ordenadas sistemáticamente en un cuerpo de ley, sino también en el sentido de la norma jurídica procesal o disposición de esta especie, emanada del Poder Legislativo Nacional conforme a lo previsto en nuestra Constitución Nacional.

        Nos comenta Rengel Romberg (2013, pág. 198) citando al jurista Couture, que la naturaleza procesal de una ley no depende del cuerpo de disposiciones en que se halle inserta, sino de su contenido propio. Este contenido propio de la ley procesal es la regulación de fenómenos estrictamente procesales, vale decir, la programación del debate judicial referido a su fin, que es la decisión de un conflicto de intereses.

        Visto lo anterior, tenemos que existen leyes de naturaleza sustantiva pero que pueden contener normas de carácter procesal, así lo tenemos en las disposiciones que regulan la quiebra y el atraso en el Código de Comercio o algunas disposiciones del Código Civil, como el artículo 185A, o las que regulan las materias de la cosa juzgada y de la prueba. Este tema ha sido muy discutido por la doctrina, dando diversas posiciones o tesis acerca del verdadera naturaleza de la ley procesal, por lo cual procederemos a explicar sus aspectos generales, sin entrar en discusiones iusfilosóficas.

        La ley procesal la podemos entender como aquella que rige la tramitación contenciosa o voluntaria de causas, negocios, solicitudes o controversias ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Las leyes procesales son creadas por el Estado para tutelar los derechos de sus habitantes[1] y resolver las controversias suscitadas entre ellos, y entre ellos y el Estado. Establecen el procedimiento a seguir ante los órganos creados para tal fin (tribunales), las reglas de conducta y la actuación del juez, las partes y terceros ligados al proceso[2].

        Para nosotros es importante citar la definición del gran jurista venezolano Henriquez La Roche (2013, pág. 43), por considerarla una de las más completas, el cual establece:

“La ley procesal es aquella que establece las posibilidades y cargas que tienen las partes en el proceso y señala las formas de los actos procesales y los lapsos que separan esos actos; en una palabra, es la ley tutelar del proceso judicial. También se denomina ley procesal a aquella que establece las atribucciones y competencias de los tribunales, delimitando el poder jurisdiccional que ejercen. A la ley procesal se le llama también ley adjetiva en oposición a ley sustancial”. 
2. Características.
        Dentro de las características de la ley procesal tenemos las siguientes:

1.   La primera y más importante característica es que pertenece al Derecho Público porque regula una actividad de naturaleza pública, que es, la función jurisdiccional asumida por el Estado.

2.   La ley procesal no es un fin en sí misma, sino un medio o instrumento para la satisfacción de un derecho subjetivo o material.

3.   La ley procesal es autónoma, no depende de otras ramas del derecho (civil, mercantil, laboral, etc.) con la única excepción del Derecho Constitucional, ya que debe encontrarse en armonía con los postulados de la Carta Magna, sobre todo con los principios y garantías constitucionales otorgadas al justiciable (debido proceso, tutela judicial efectiva), y más con la tendencia actual que apunta a la constitucionalización del proceso judicial.

4.   La ley procesal regula las instituciones del derecho procesal.

5.   La ley procesal muchas veces tiene el carácter de orgánica, por cuanto regulará la composición del órgano jurisdiccional.

6.   Son de aplicación inmediata, ya que regulan los procesos en el instante en que son publicadas en Gaceta Oficial de la República, y por ello su aplicación no puede ser diferida o postergada, a menos que la ley procesal contenga una vacatio legis.

7.   Posee un carácter coactivo, porque tienden a la realización práctica del derecho material y para su aplicación el juez tiene a su disposición la fuerza pública.

3. Noción de orden público.
El orden público lo podemos entender como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Como ya lo habíamos mencionado dentro de las características, la ley procesal forma parte del Derecho Público, es decir, que es de orden público, significando que la aplicación de las leyes procesales es de carácter general, absoluto, sus normas son indisponibles sin que las partes puedan variar o modificar lo preceptuado por la ley procesal[3].

En este sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) establece: Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. Nos comenta el profesor Rafel Ortíz Ortíz (2007) que esta norma observa: a) mandatos de ius cogens (lo establecido en este Código y en las leyes especiales) y, b) mandatos de ius dispositivum, aquellas formas procesales que el juez puede "crear" cuando no exista un mandato expreso.

Nos resulta de gran importancia citar la sentencia de la Sala Constitucional Nº 2461, de fecha 18/12/2006 (caso: Rigoberto Zabala), donde establece un análisis profundo de la noción de orden público:

“Igualmente, se debe destacar que “orden público” es un concepto jurídico indeterminado, el cual tendrá un contenido dependiendo del contexto histórico en el cual se encuentre. Así, se puede entender que por una parte se encuentran el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y bienestar de una sociedad, en donde se recoge y ampara un interés social dominante por su trascendencia, por el número de personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende a proteger. De este modo, en gran medida el orden público es acopio de normas de moral y de ética pública que en ocasiones alcanzan su exposición en ley, pero que aun sin esa expresa declaración legislativa, constituyen principios rectores de sabio gobierno nacidos de la civilización y fortalecidos por la cultura, la costumbre, por la manera de ser de la colectividad, en fin, por el estilo de una sociedad, es decir, a través de la cual se manifiesta de la voluntad social predominante.
De allí, que las normas de orden público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, lo elemental o esencial de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las normas fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social. Por lo tanto, esto comprende que: a) no pueden ser dejadas sin efecto por voluntad de las partes; b) el principio de irretroactividad de la ley no se aplica en materia de estas normas de orden público; c) en el caso que los jueces deban aplicar una ley extranjera, estas leyes no deberán aplicarse si esa aplicación importa desplazar una ley nacional contentiva de normas de orden público; y d) no se puede invocar un error de derecho para eludir la aplicación de una norma de orden público.
Por ende, una norma se llama de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por eso, las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas, al contrario de las normas de orden privado que son renunciables, permisivas y confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras”.
        Visto lo anterior, el orden público va a representar un conjunto de valores indiscutibles e irrenunciables para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Las normas de orden público son aquellas interesadas de manera inmediata a mantener la paz, la seguridad social, las buenas costumbres, la moral y la justicia, respondiendo a un interés general o colectivo que priva por encima de los intereses particulares o privados. 

4. Clasificación de las leyes procesales.
        La ley procesal ha sido objeto de diversas clasificaciones por la doctrina moderna, en nuestro caso procederemos a explicar la clasificación más aceptada por la mayoría.

A.  Desde el punto de vista de su aplicación o forma en que son empleadas:

1.   Absolutas o imperativas: ésta es el común denominador de casi todas las normas que regulan el proceso, dado el carácter público que éste tiene como instrumento para la administración de la justicia (art. 257 constitucional), base fundamental del Estado Social de Derecho y Justicia (art. 2 constitucional). En otras palabras, las partes ni los otros sujetos procesales podrán apartarse ni renunciar a este tipo de disposiciones. Así lo vemos con respecto a las disposiciones que establecen el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y control de la prueba, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial a nuestra pretensión, etc.

2.   Dispositivas, no absolutas o supletorias: En este caso, las partes a través de sus manifestaciones de voluntad, podrán apartarse o evitar su aplicación. Así lo vemos en la disposición del artículo 388 del CPC, según la cual al día siguiente del lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda, se abrirá del lapso probatorio de pleno derecho, pero según el ordinal 3 del artículo 389 ejusdem, no habrá a la apertura del lapso probatorio cuando las partes, de común acuerdo, soliciten al juez decidir el asunto de mero derecho.

B.  Por la materia que regulan:

1.   Formales: regulan la forma en que se realizan los actos procesales y el procedimiento. Es la atinente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que corresponde llevar a cabo los actos procesales. Así tenemos lo postulado en el artículo 197 del CPC “Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos, excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquéllos en los cuales el Tribunal disponga no despachar”.

2.   Materiales: regulan determinadas figuras o instituciones procesales. Reglamenta lo relativo a la calidad de los sujetos procesales que producen los actos y su contenido. Pueden citarse las que consagran la forma como las partes deben actuar en el proceso, esto es, que si son incapaces lo hacen por conducto de su respectivo representante, como nos señala el artículo 137 del CPC “Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, deberán ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad”.

3.   Orgánicas: Regulan la integración y organización de los órganos de justicia, verbi gratia lo establecido en el artículo 116 del CPC “El alguacil es el guardián del orden dentro del local del tribunal, y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones le comunique el juez o el secretario”.

Además de la clasificación establecida, es importante reflexionar sobre el efecto de la aplicación de las normas procesales a las pretensiones y excepciones de las partes, en este sentido no todas las normas procesales tienen la misma imperatividad, ni padecen de la rigidez en todos los casos.

La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que las normas procesales son de dos clases: la primera, son las normas procesales propiamente dichas que se limitan a señalar las ritualidades o formalidades del proceso, donde su aplicación no afectará en forma negativa o positiva a las partes; y la segunda, las normas procesales de contenido sustancial, las cuales su aplicación supone un beneficio o perjuicio al interés de las partes (C-251 de 2001).

5. Análisis estructural y esquematización del Código de Procedimiento Civil.
El texto procesal vigente está estructurado sobre cuatro (4) libros: libro primero: "disposiciones generales" (artículos 28 al 337); libro segundo: "del procedimiento ordinario” (artículos 338 a 584); libro tercero: "del procedimiento cautelar y de otras incidencias" (artículos 585 al 607) y libro cuarto: "de los procedimientos especiales" (artículos 608 al 946). El nuevo código tiene la virtud de sistematizar el régimen del proceso y las garantías de justicia consagradas en la Constitución, aun cuando se requiera una reforma para incorporar de manera concreta mandatos constitucionales sobre la celeridad de los procesos y la oralidad como principio conforme a los establecido en los artículos 26, y 257 de nuestra Ley Fundamental.


6. Bibliografía.
Henriquez La Roche, R. (2013). Instituciones del Derecho Procesal. Caracas: Centro de Estudios Jurídicos de Venezuela.

Ortíz Ortíz, R. (2007). Teoría General del Proceso. Caracas: Frónesis.
Rengel Romberg, A. (2013). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (Vol. I). Caracas: Ediciones Paredes.










[1] Así nos lo establece en su primera parte el artículo 26 constitucional “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

[2] La ley procesal nos establece el procedimiento, el cual es el conjunto de reglas que regulan el desarrollo del proceso, Rengel Romberg citando a Carli utliza un símil para diferenciar el procedimiento del proceso: “el procedimiento es el conjunto de instalaciones fijas del ferrocarril, las vías, por ejemplo; el proceso es el convoy, el tren en marcha sobre esas vías, que llega o le llevan a un destino” (2013, pág. 156). Entonces, la ley procesal regula el proceso y como nos establece el artículo 257 constitucional “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”.

[3] Sobre este punto es necesario señalar que existen ciertas excepciones como lo son las normas dispositivas que integran la ley procesal, ya que éstas pueden ser relajadas o prescindidas por la voluntad por las partes, sin que esto significará violación de la ley procesal o del orden público procesal, las cuales veremos más adelante en la clasificación de la ley procesal. 
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jueves, 23 de febrero de 2017

Sentencia vinculante que establece “Jurisdicción especial en materia de género se aplica, sin importar las características del sujetos activo”


            La jurisdicción especial en materia de violencia de género es competente para juzgar los delitos previstos en la Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin importar que el sujeto activo sea un ciudadano indígena.

            Según la Sala Constitucional, en sentencia Nº 1325 del 04/08/2011 (caso: CARLOS EDUARDO RAMOS VARGAS)  la tutela de la dignidad y la libertad sexual de la mujer es de especial resguardo y protección. Por lo tanto, no depende de las características de los sujetos involucrados en el delito. En el caso de que el sujeto activo sea indígena, la Sala dejo claro que la usanza indígena tradicional se puede aplicar para la resolución conflictos o delitos, siempre que no transgreda o colida con el ordenamiento jurídico nacional y el orden público.

            En resumen la sentencia estableció que:  
Preliminarmente, visto que el amparo de autos fue interpuesto por el defensor del ciudadano Carlos Eduardo Ramos Vargas, quien es indígena, perteneciente a la “Comunidad Indígena Chaima”, y fue imputado por la presunta comisión de los delitos de violencia física y amenaza en perjuicio de la ciudadana Emereida del Valle Faría Sabolla (no indígena), esta Sala estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones: 
Es innegable, el reconocimiento que se ha hecho a través de instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, de la existencia de los pueblos indígenas, sus costumbres, tradiciones, cultura, y modos de resolución de conflictos entre otros aspectos, todo ello atendiendo a la evolución socio cultural de los pueblos y la necesidad de crear normas que permitan la integración y coexistencia de los habitantes de un entorno geográfico y socio político, con garantías propias de la dinámica de la vida en sociedad, sin menoscabo de la identidad de cada grupo que la integra. 
El artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley”. 
Asimismo el artículo 260 eiusdem pauta: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”Relacionadas estas dos disposiciones constitucionales, tenemos que el artículo 132 de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas establece: 
“La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras. 
La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la presente Ley. 
Parágrafo Único: A los efectos de este Capítulo, se entenderá por integrante toda persona indígena que forme parte de una comunidad indígena. También se considera como integrante toda persona no indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma.” 
Por su parte, el artículo 9 del Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes prevé en su numeral primero lo siguiente: 
Artículo 9.1. “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.” 
Ello así, la Sala considera que tales disposiciones legales vigentes en Venezuela deben ser aplicadas por las autoridades del Estado venezolano, pues constituyen inequívocamente el reconocimiento y existencia de la Jurisdicción Especial Indígena, regida por sus tradiciones ancestrales y propias respecto de los miembros de sus comunidades, debiendo entenderse actualmente esta jurisdicción no desde el punto de vista formal, tal y como está estructurado el ordenamiento jurídico y jurisdiccional ordinario, sino como un conjunto de tradiciones y pautas étnico-culturales que lo rigen y que no han sido creadas por las leyes venezolanas ni internacionales, sino que por el contrario, han sido reconocidas por éstas. Son de esta manera, normas consuetudinarias que coexisten con el ordenamiento jurídico formal, y que tienen regulaciones para su aplicación, amén de dicha convivencia jurídico legal, no significando ello que tales sujetos de derechos están excluidos de los deberes, derechos y garantías constitucionales presentes en los procedimientos ordinarios en materia de resolución de conflictos. 
Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indígena existe y es reconocida por el ordenamiento jurídico patrio, siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos cierto que tal aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios Internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales. 
A este tenor, el artículo 8, numeral 2 del señalado Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dispone: 
“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.” 
En este sentido, el  ya citado artículo 9  numeral 1º del Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes  y el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya citados supra, establecen que se podrá aplicar la usanza, práctica o costumbre indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público. 
En la caso de autos, el Ministerio Público imputó al ciudadano Carlos Eduardo Ramos Vargas, por haber cometido presuntamente los delitos de violencia física y amenaza, están previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que estamos en presencia de uno de los delitos de violencia de género, cuya Ley Orgánica en su artículo 115 establece: “Corresponde a los tribunales de violencia contra la mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna”; por lo que la Sala considera que la tutela del bien jurídico de la dignidad de la mujer y la libertad sexual, establecidos en la Ley Especial de Violencia de Género, es de especial resguardo y protección por el Estado Venezolano, con independencia de las características de los sujetos involucrados en el delito, siendo por tanto, que  el monopolio de la jurisdicción para el juzgamiento de estos delitos lo tienen los tribunales de violencia contra la mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 
Ello se reafirma del parágrafo único del artículo 71 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando establece: “Los pueblos indígenas constituirán órganos receptores de denuncia, integrado por las autoridades legítimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio que la mujer agredida pueda acudir a otros órganos indicados en el presente artículo.” 
Así entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas sean solo órganos receptores de denuncia, siempre y cuando la mujer indígena víctima así lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad jurisdiccional, por lo que lo que en materia de delitos de violencia de género la jurisdicción especial indígena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que está en consonancia con el artículo 9, numeral primero del Convenio OIT N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usanza indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público. 
Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, esta Sala –con carácter vinculante- reafirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena, y en consecuencia los delitos catalogados como de violencia de género, deben ser investigados incluso de oficio por los tribunales especializados con competencia en violencia de género. Así se decide.
(…)

VI DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS el amparo constitucional interpuesto por el abogado Aquilino Antonio Rodríguez, en su carácter de defensor del ciudadano Carlos Eduardo Ramos Vargas, contra la decisión dictada el 22 de febrero de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que admitió el recurso de apelación interpuesto por la abogada Carmen Cabeza Bolívar, en su carácter de Fiscal Décima Quinta del Ministerio público con Competencia en Violencia de Género del estado Monagas, contra la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del mismo Circuito Judicial Penal. 
Visto que en el presente fallo se estableció con carácter vinculante la competencia de los Juzgados especializados en materia de violencia de género con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígenase ORDENA su publicación íntegra en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario se expresará:
 “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, reafirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena". 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 04 días del mes de agosto de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación”.

Visto lo anterior podemos concluir que si bien la jurisdicción especial indígena existe y es reconocida por el ordenamiento jurídico, no es menos cierto que su aplicación está delimitada por los convenios internacionales, la Constitución y las leyes especiales. Entonces, que sea el sujeto activo un indígena, este hecho no excluye que el caso donde se cometió la violencia de genero sea conocido por los tribunales especiales creados para tal fin, todo lo contrario, la jurisdicción especial en materia de violencia de género y la Ley que la regula son de orden público, por lo cual no pueden desconocerse frente a las costumbres o tradiciones indígenas.


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martes, 31 de enero de 2017

"Los avances tecnológicos fortalecen el Derecho a la información" (entrevista a José Ovidio Salgueiro por Ámbito Jurídico)

MEDIO: Ámbito Jurídico
AUTOR O AUTORES: José Ovidio Salgueiro (entrevista)
TÍTULO: Los avances tecnológicos fortalecen el Derecho a la información
LUGAR: Caracas, Venezuela
FECHA: abril de 2014; n°184
SECCIÓN Y PÁGINA: “Preliminares”, pág. 2

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lunes, 30 de enero de 2017

"Las medidas cautelares anticipadas en materia de arbitraje" por Lissette García Gandica

MEDIO: Ámbito Jurídico
AUTOR O AUTORES: Lissette García Gandica
TÍTULO: Las medidas cautelares anticipadas en materia de arbitraje
LUGAR: Caracas, Venezuela
FECHA: agosto de 2011; n°157
SECCIÓN Y PÁGINA: “Opinión”, pág. 11

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Acerca de mí

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Venezolano. Graduado en Derecho por la Universidad Santa María de Venezuela, actualmente cursando especialización en "Derecho Procesal Civil" en la misma casa de estudios. Diplomado en Derecho Procesal Constitucional del Instituto de Estudios Constitucionales de Caracas. Además ha participado en numerosos congresos celebrados en el Máximo Tribunal de Venezuela. Cuenta con una experiencia profesional de varios años, desenvolviéndose como analista de asuntos legales en la Biblioteca Jurídica del Tribunal Supremo de Justicia. Es redactor sobre Derecho Comparado en la página web www.derechoyperspectiva.es 

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